Según el Censo de Cataluña de 2.017, de los 7.555.730 habitantes, solo el 5 % de la población vive en lo que se podría denominar entorno o medio rural, al vivir en municipios menores a los 2.000 habitantes. Es decir, algo más de 350.000 personas.

Se dice que en el 2030 el 80% de la población vivirá en grandes urbes en este caso en Barcelona y alrededores, toda una metrópoli con todos los problemas que ello representara a pesar de ser a los efectos, una metrópoli pequeña en comparación con los monstruos que se están gestando en Asia.

El Área Metropolitana de Barcelona es una zona geográfica que va más allá del área administrativa y fue delimitada inicialmente por una ley de 1968 con 3.297 km². Se trata de una de las áreas más pobladas de Europa (3.239.337 habitantes), tiene urbanizado el 48% de los 636 km² que conforman su territorio. El resto está ocupado por 25 km de playas y más de 25.000 hectáreas de zonas naturales.

El 58 % de los habitantes del área metropolitana de Barcelona han nacido en Cataluña, el 22 % en el resto del Estado español y el 19,2 % restante son personas extranjeras (2012).

Sin perjuicio de la locura en todos los sentidos que ello va a representar, hay algo que se está olvidando y es dar una vida al medio rural y de paso equilibrar el territorio y dar solución a miles de problemas existentes en el mismo.

Según datos de la propia Generalitat, existen en Cataluña en torno a 750 urbanizaciones no recepcionadas por los Ayuntamientos, que disponen de unas trescientas mil parcelas en las cuales hay construidas unas cien mil viviendas en las que un 30 % aproximadamente están ocupadas por personas mayores de 70 años con los problemas de todo tipo que conlleva.

A pesar de los datos, no existe desde la Ley 3/2009 de la Generalitat voluntad alguna de dar solución al problema por lo que hace que dichas urbanizaciones, parcelas y viviendas estén fuera de ordenación y con ello haya una pérdida de valor económico previsible a medio plazo SUPERIOR A LOS ONCE MIL MILLONES DE EUROS (11.000.000.000 €) solo valorando las parcelas a diez mil euros y las casas a cien mil, todo ello previendo que en el proceso de legalización de dichas urbanizaciones lo cual es posible en la mayoría de los casos y al objeto de aligerar la situación y buscar soluciones, proceder en general a reducir el ámbito de las mismas en cerca de un treinta por ciento.

Ello significaría unos ingresos catastrales, de licencias de obras y de actividades muy considerables; la instalación en el territorio rural de una población similar a la existente actualmente y con ello equilibrarlo, por un lado, favorecer la sostenibilidad por otro y lo más importante: garantizar un funcionamiento del medio rural capaz de dar solución a las necesidades que el medio urbano va a originar a corto plazo.

Pero para que ello sea posible, hay que construir un nuevo paradigma capaz de generar la disposición a la solución de las necesidades existentes actualmente en las urbanizaciones con déficits y en los casi doscientos municipios que tienen el problema.

Dada la trayectoria habida hasta la presente cuesta creer que eso va a suceder de forma espontánea, por lo que no queda más remedio que forzar a que ello suceda trabajando al respecto y poniendo en marcha los mecanismos legales existentes para hacerlo posible.

Lo mejor de todo es, que a pesar de lo mucho pasado y de los errores cometidos, se puede lograr la legalización y con ello el equilibrio del territorio. Es cuestión de ponerse manos a la obra.

CONSTRUYAMOS UN NUEVO PARADIGMA

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